Viernes 03 de mayo 2024 | Contáctenos
La Comisión Permanente aprobó allanarse a las observaciones que hizo Presidente de la República a la autógrafa que modificaba el artículo 57º del Código Penal, a efecto de que se retire el peculado de uso de los delitos cuya pena podía quedar suspendida según la discrecionalidad del juez.
El pleno del Permanente respaldó con 19 votos (dos en contra) la posición del presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, quien anunció que estaba a favor del pedido de allanamiento solicitado por el Ejecutivo.
El congresista explicó que la norma prohibía que se suspendan las penas de cárcel por los delitos de peculado, peculado de uso y colusión cometidos por funcionarios y servidores públicos. La observación fue para que se retirase el ‘peculado de uso’ porque, se dijo, es de poca gravedad e incidencia.
Al respecto, el congresista Juan Díaz Dios (FP) recordó que en los últimos cuatro años, de 272 condenados por dichos delitos, solo diez tienen cárcel efectiva y el resto tiene pena suspendida, lo que ha generado impunidad para sus autores. Y desde el 2009 al 2014, de 444 funcionarios condenados (de un total de 6,355 implicados), 25 de ellos “purgan cárcel efectiva”, el resto firma un acuerdo de asistencia cada mes y después de cuatro años regresan nuevamente a la administración pública.
Sin embargo, otra fue la posición de su colega de bancada, congresista Martha Chávez, quien afirmó que se estaba quitando al juez su capacidad de discreción para aplicar una pena mínima y otra máxima. Dijo que la propuesta en debate no era la solución para acabar con la corrupción.
El artículo 57º del CP señala que el juez puede suspender la ejecución de la pena privativa si esta es no mayor de cuatro años. Chávez Cossío dijo que se estaba haciendo “parches al Código Penal” y propuso, como cuestión previa, que el proyecto retornase a la comisión de Justicia. Su posición fue rechazada luego por 17 votos.
En el transcurso del debate, Modesto Julca (GPPP) expresó que su bancada apoyaría el proyecto y que era necesario tener una posición para luchar contra la corrupción. Luis Iberico (PPC-APP) comentó que solo quedaba insistir o allanarse al pedido. Puesto al voto, el allanamiento fue aprobado con 19 votos.
De otro lado, por unanimidad (18 votos a favor) se aprobó el proyecto de ley propuesto por la misma comisión para que los convivientes, o parejas que conforman una unión de hecho, puedan adoptar a menores de edad declarados judicialmente en abandono. La iniciativa modifica los artículos 378 y 383 del Código Civil y la Ley 26981.
Eguren, presidente de la comisión dictaminadora, dijo que el CC establece que solo podían adoptar niños en abandono una persona sola o los cónyuges. En el breve debate se dijo que según cifras del INEI el porcentaje de parejas formales (casadas) y los que viven en convivencia es casi igual y que las uniones en convivencia han aumentado en los últimos años de un 17,6 % a 20,4%.
INFORMES SOBRE ACUSACIONES
La Comisión Permanente aprobó, previamente, remitir al archivo la denuncia constitucional contra el congresista Julio Gagó Pérez (FP) por la supuesta infracción de los artículos 92 y 102 inciso 2) de la Constitución Política.
Al respecto, el congresista Sergio Tejada comentó que el informe que elaboró la Comisión de Ética sí encontró indicios de responsabilidad (incompatibilidad para ocupar cargos en empresas que tienen contratos con el Estado) y elementos suficientes para iniciar las investigaciones.
José Luna Gálvez, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo que en este grupo de trabajo fue rechazado el pedido y que la acusación era improcedente.
Los congresistas fujimoristas Martha Chávez, Díaz Dios y Alejandro Aguinaga, comentaron que “no había elementos suficientes para una denuncia penal” y que se había tomado en consideración la opinión del Ministerio Público de que no procedía una denuncia constitucional. Dijeron que la opinión de la secretaría técnica de la Comisión de Ètica del Congreso no era vinculante.
Asimismo, se aprobó archivar (por 12 votos a favor) la denuncia constitucional contra el excongresista Àlvaro Gutiérrez Cueva, por la presunta comisión de los delitos de peculado, omisión de consignar declaraciones en documentos y falsedad genérica. La votación de hoy se debió a que en la sesión de la CP de abril de 2013 hubo más abstenciones que votos a favor.
De otro lado, fueron archivadas dos denuncias constitucionales en contra de los magistrados Jorge Carrión Lugo y José Infantes Vargas por haber caducado las denuncias (la acción prescribe después de cinco años después de que hayan cesado en sus funciones). El pedido fue planteado por sus abogados en la sesión de hoy.
Por último, fue postergada para una nueva fecha el caso de dos denuncias constitucionales en contra del exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra. El pedido fue solicitado por su abogado, Natale Amprimo. El denunciado se encuentra en Washington, Estados Unidos, cumpliendo labores en el Banco Mundial y no reside en el Perú.
Cargando...