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Miércoles 12 de julio 2017

Ninguna empresa peruana investigada por caso Lava Jato

Comisión Investigadora preocupada por revelación de procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero.
Ninguna empresa peruana investigada por caso Lava Jato
Foto: congreso.gob.pe

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga los presuntos sobornos y coimas que habrían pagado determinadas empresas brasileñas a cambio de contratos y concesiones con el Estado, Rosa María Bartra (FP), expresó su pública preocupación porque hasta ahora ninguna empresa peruana que ha sido consorciada con las constructoras cariocas están siendo comprendidas en las investigaciones fiscales y judiciales del caso Lava Jato.

 Fue al término de la presentación de la Procuradora Pública ad hoc para la Defensa Jurídica del Estado Peruano, Katherine Ampuero ante los representantes que integran este grupo de trabajo multipartidario.

 "Hemos conocido que no existe una sola empresa peruana consorciada que esté siendo procesada (por el caso Lava Jato). Nos llama poderosamente la atención porque si vamos a sancionar, sancionemos a quienes han delinquido. Esperamos que el fiscal (Hamilton Castro) se presente (ante la comisión investigadora) en los días que vienen", aseveró.

 La congresista Bartra dijo que otra novedad de la exposición dada por la procuradora Ampuero es que la investigación en curso solamente se realiza respecto a dos empresas de la constructora Odebrecht "y no sobre las cincuenta y más razones sociales que tiene. Situación que nos preocupa".

 "Nos preocupa también -continuó la representante- el acuerdo o convenio (entre Odebrecht y el Ministerio Público con la finalidad de proporcionar información sobre los sobornos que habría pagado en el Perú) que se mantiene con secretismo, incomprensible que sea incluso para quienes defienden los intereses del Estado".

 En cuanto al caso del ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, la legisladora informó que la procuradora Ampuero también dio cuenta al seno de la comisión investigadora que el proceso de colaboración eficaz a la cual se sometió dicho ex directivo se encuentra en la "etapa de corroboración". Precisamente la representante legal del Estado en el caso Lava Jato informó que por mandato legal, dicha instancia solamente podrá acceder a la carpeta fiscal al final del proceso de corroboración.

 Durante la etapa de las preguntas correspondió al legislador Mauricio Mulder (CPA) proponer que la comisión investigadora resuelva citar al Fiscal de la Nación para que informe sobre lo avanzado hasta la fecha en la pesquisa del caso Lava Jato mientras sus colegas del Frente Amplio y de PPK, Jorge Castro y Gino Costa, respectivamente, pidieron precisiones acerca del monto provisional ascendente a 200 millones de soles que la Procuraduría ad hoc fijó como reparación civil en favor del Estado solamente en dos casos: IIRSA (tramo 2 y 3) y Metro de Lima (Tramo 1 y 2).

 Luego se presentó ante el grupo investigador el gerente de la Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Jaime Villafuerte Quiróz, para informar sobre la situación actual (económica, financiera y administrativa) de la concesión del proyecto de Línea Amarilla y en este tema reveló a los congresistas que la actual administración encontró un acta firmada por la gestión de la ahora ex alcaldesa Susana Villarán el 20 de mayo del 2011 con la empresa brasileña OAS.

 Y se comprometió a remitir la intervención que tuvo la ex alcaldesa de Lima en la que ella admite que sí conocía y participó de este acta suscrita con OAS, una de las empresas brasileñas que están siendo investigadas por presunto pago de sobornos y coimas. Por razones de tiempo, la presentación del funcionario de la Municipalidad de Lima continuará en el transcurso de la semana próxima.

 Antes de la presentación de ambos funcionarios, la presidenta de la comisión parlamentaria informó a sus colegas integrantes que ese grupo de trabajo sesionará mañana y el jueves para continuar con la investigación en curso para el acopio de información con el fin de cerrar el círculo que permita individualizar actos concretos presuntamente irregulares, responsabilidades personales y configuración típica de los ilícitos.

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