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Lunes 22 de octubre 2018

Se dicta prisón preventiva de 36 meses contra exmagistrado César Hinostroza Pariachi

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva de tres años contra el exjuez que por hora se encuentra detenido la carcel madrileña Soto del Real.
Se dicta prisón preventiva de 36 meses contra exmagistrado César Hinostroza Pariachi
Foto: panamericana.pe

 

El juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó este domingo 22 de octubre por la noche la orden de 36 meses de prisión preventiva en contra del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, quien se encuentra detenido en estos momentos en la prisión Soto del Real, de la ciudad de Madrid.

Al dar a conocer la decisión, el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria precisó que César Hinostroza Pariachi no tiene arraigo familiar en el Perú. Su esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, se encuentra en España desde el 11 de octubre de este año y su hija menor trató de dejar el Perú en dirección de España hace unos días.

El juez Hugo Núñez Julca dijo asimismo que el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, luego de haber sido destituido de la Corte Suprema e inhabilitado por 10 años por el Congreso de la República para el ejercicio de la función pública, no ha acreditado que cuenta con arraigo laboral.

Por lo demás, señaló el juez Núñez Julca, César Hinostroza Paricahi cuenta con los medios económicos necesarios para desplazarse fuera del país, una “facilidad que no posee otro ciudadano”. Y que al haberlo hecho la madrugada del domingo 7 de octubre, “incumplió” con la orden de impedimento de salida del país que tenía desde el mes de julio de este año. Un comportamiento que para el magistrado Núñez Julca es una acción ejecutada “para sustraerse de la persecución penal”.

En el marco de su argumentación, el magistrado Hugo Núñez Julca señaló que César Hinostroza y los otros presuntos integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, puesto que han sido funcionarios públicos, “generan peligro procesal”, dado lo vínculos que pueden tener en el sistema de administración de justicia. De ahí que se haya aceptado el pedido presentado por el Ministerio Público en todos sus extremos.

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