Continúa juicio político a expresidente Martín Vizcarra y exministras

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Carlos Pérez Ochoa (AP), continuó con el proceso de juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, y extitular de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez; esta vez con la participación de estas dos últimas altas funcionarias.

Esto, en función de la recomendación del Informe de determinación de hechos materia de investigación, evaluación de pertinencia de pruebas y/o indicios, así como la recomendación para la actuación de medios probatorios adicionales, de las denuncias constitucionales 423 y 427, por parte de Jim Mamani Barriga (NC).

Carlos Pérez Ochoa manifestó que, a lo largo de la presentación de los funcionarios involucrados, “se ha podido evidenciar muchos puntos que aún estaban en duda”, lo que “va a permitir que esta subcomisión, pueda tomar las mejores decisiones en el marco del Reglamento del Congreso y de la Constitución”.

Precisó que apenas se concluya la actuación de pruebas, se le va a asignar al ponente el plazo de cinco días útiles para que proceda con la presentación y sustentación de su informe final.

Tanto la Denuncia Constitucional 423, presentada por la bancada de Nueva Constitución, y la Denuncia Constitucional 427, presentada por la bancada del Partido Morado, ingresaron a la subcomisión el 16 de febrero de 2021.

El Informe concluye que deben determinarse los hechos materia de investigación que se detallan en los numerales 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 del presente Informe y se admiten los medios probatorios que se hacen mención en los numerales 6.2.1. y 6.2.2. del presente Informe, con sus respectivas salvedades.

Precisamente, Jim Mamani Barriga (NC) hizo una exposición de los medios probatorios ofrecidos por los parlamentarios denunciantes y que están contenidos en las dos acusaciones, es decir, videos de reportajes y enlaces de las notas periodísticas en torno a las denuncias efectuadas por la vacunación de los involucrados con dosis de Sinopharm.

Mamani expuso que su misión es determinar si el expresidente Vizcarra Cornejo recibió la vacuna de Sinopharm en el ejercicio de su cargo y fuera del marco del ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y si este privilegio se extendió hacia su esposa y a su hermano.

Asimismo, se busca determinar si las exministras Mazzetti Soler y Astete Rodríguez recibieron la vacuna durante el ejercicio de sus funciones sin haber sido voluntarias y si ocultaron la información de que sus funcionarios también habían recibido las vacunas.

De ser así, el expresidente habría incurrido en la infracción del artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política, así como también de los artículos 7, 9 38, 39 y el inciso 1 del 118 de la Carta Magna. En torno a las exministras de Estado involucradas, el informe debe determinar si se les aplica los artículos 38 y 39 de la Constitución.

DENUNCIANTES

Luego de hacer una alusión histórica y un listado de las denuncias periodísticas, así como de las declaraciones públicas de los involucrados, Rubén Ramos Zapana (Denuncia 423) señaló que ha quedado evidenciado que el expresidente y sus familiares directos recibieron las vacunas sin ser parte de los doce mil voluntarios del ensayo clínico de Sinopharm, así como más de 200 altos funcionarios de su Gobierno.

“Resulta cuestionable”, dijo, “que el expresidente y sus ministras se hayan beneficiados por la vacuna cuando el país ha sido uno de los más afectados por muertes por la COVID-19. Este hecho es equivalente a un acto de traición a la patria; no solo desde el punto de vista oral, sino por las acciones dolosas de tipo penal”, mencionó Ramos.

El congresista Daniel Olivares Cortés (PM) expuso que la Denuncia Constitucional 427 plantea tres puntos que la conducta de los involucrados atenta contra los artículos 9, 39 y 118, en concordancia con los artículos 2.2 y 7, de la Constitución, y justifica que se les sancione por ello.

Olivares manifestó que no solo habría faltas éticas y administrativas, sino también ilícitos penales, y, además, dijo que “no son indiferentes al hecho innegable de que otros altos funcionarios hayan hecho lo mismo, en la medida de que se tenga la certeza plena de los nombres de estos funcionarios, debe establecerse el alcance de sus responsabilidades legales y políticas”.

DENUNCIADOS

La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, ofreció su colaboración para el esclarecimiento de los hechos e informó que acudió a vacunarse con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público, con la anuencia del presidente Francisco Sagasti Hochhausler, además es consciente del error que cometió.

Seguidamente, negó que haya recibido la vacuna para beneficiar a Sinopharm o a cualquier otro laboratorio.

Más adelante, la excanciller informó que tomó la decisión de vacunarse por recomendación de tres funcionarios de su gabinete y que esto fue debido a los múltiples viajes que realizaba al interior del país.

Su abogado defensor, Juan Peña Flores, informó que, en primer lugar, la exministra no solicitó que se le vacune, se trató de un ofrecimiento, porque tenía que cumplir con las tareas que se le habían encomendado y, en segundo lugar, no oculta la vacunación, pues fue pública.

Además, sostuvo que cuando se hizo del pedido adicional de vacunas, ella no formaba parte del Ejecutivo, y cuando ella se entera de que el hecho (de vacunarse) era irregular, ella presentó su carta de renuncia.

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, reiteró una vez más que la decisión de vacunarse solo fue su decisión. Ninguna persona, funcionario ni empresa “ha influido en su decisión”. Y fue “motivada por la situación tan compleja, y cuando pocos quedábamos para el trabajo, pues ya muchos se habían infectado”.

Para los ensayos clínicos vinculados al SARS-CoV-2, indicó que se creó el Comité Nacional Transitorio en Ética en Investigación, creado en abril del 2020, además de una oficina de transferencia de tecnología del Instituto Nacional de Salud.

Cuando se aprobó el protocolo en agosto, continúa, se dijo que “se enviará un lote adicional de 3200 vacunas para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y al personal relacionado, y cada uno asume su propio riesgo”.

Con ese criterio, ingreso el lote adicional, autorizado por el Comité de Ética y la oficina con las resoluciones correspondientes. “A raíz de incremento de dosis adicionales para el personal, ha habido nueve inspecciones, y en ninguna de esas inspecciones se ha objetado el uso de las vacunas, y tampoco el concepto de personal relacionado, porque aquí el meollo del asunto es quién es el personal relacionado en el grupo de estas vacunas”.

Mazzetti Soler precisó que se vacunó en enero, luego de que se enteró de la vacunación del infectólogo Ciro Maguiña, y dos de los viceministros, quienes le informaron que había vacunas disponibles para el personal del laboratorio, y personal relacionado.

La vacunación fue en su casa, hasta donde llegó personal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque estaba agotada por su trabajo. Esta fue transparente e incidió en que no ha “actuado de forma impropia, mucho menos de forma legal y forma dolosa”.

PARTICIPACIÓN

De acuerdo con un listado, propuesto por el congresista delegado Jim Mamani (NC), las siguientes personas fueron notificadas: Germán Málaga Castillo, Eduardo Ticona Chávez, Cinthya Castillo Flores, Javier Bustos Palomino (quien se excusó por estar infectado por COVID-19), el ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz (quien solicitó reprogramar su participación) y Javier Sánchez-Checa Salazar (a quien no se le pudo notificar oficialmente, porque su ya no vive en su dirección de Reniec).

Asimismo, se hizo referencia de la invitación al presidente Francisco Sagasti Hochhausler y se leyó la carta sin número que envió al presidente de la subcomisión del 19 de marzo último, fecha en la que reiteró lo que no tenía conocimiento sobre las irregulares vacunaciones y que era falso que haya dado su consentimiento para la vacunación de cualquier persona.

Inmediatamente participaron con su comentarios y preguntas, hacia las exministras y los investigadores citados, los siguientes parlamentarios: Martha Chávez Cossío (FP), Carlos Almerí Veramendi (PP), Guillermo Aliaga Pajares (SP), María Retamozo Lezama (Frepap), Jim Mamani Barriga, Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), Richard Rubio Gariza (Frepap), Maria Gallardo Becerra (PP) y Carlos Pérez Ochoa (AP).