El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, denunció que existe una alianza política entre el gobierno de Alan García y el fujimorismo para que no se judicialice y se libre a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
'Definitivamente hay una agenda clara de Alan García contra los crímenes de derechos humanos y eso nos parece una alianza política entre el gobierno de García y el fujimorismo', afirmó Rivera.
Por esa razón, el abogado de IDL exhortó al Congreso de la República y al Poder Judicial a eliminar la publicación de dichos decretos y a que no se apliquen las normas, respectivamente.