Lunes 15 de junio 2026 | Contáctenos
Miles de cubanos que construyeron sus propias redes de datos en el hogar ahora pueden solicitar una licencia, pero el control de Internet en sí permanece bajo el control del estado. Cuba ha sido uno de los lugares menos conectados del planeta.
El Ministerio de Comunicación de Cuba (Mincom) anunció nuevas medidas el miércoles para permitir redes privadas alámbricas o inalámbricas para la transferencia de datos y la importación desde el extranjero de equipos, como enrutadores y servidores.
Significa que a partir de finales de julio, las personas podrán legalmente conectarse en línea con sus propias computadoras y teléfonos, y compartir señales con otros, pero no limita el control estatal sobre Internet.
El monopolio de telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, sigue siendo el único proveedor de internet en la isla.
Al anunciar las medidas, Mincom dijo que los cambios "contribuirían a la informatización de la sociedad, el bienestar de los ciudadanos, la soberanía del país y la prevención contra los efectos dañinos de las radiaciones no ionizantes".
Las medidas podrían llevar a los primeros cibercafés privados de Cuba. Los primeros cibercafés de propiedad estatal se abrieron en 2013, y en 2015 se instalaron puntos de acceso Wi-Fi en lugares públicos, pero el costo de ambos sigue siendo alto. Un paquete de datos de 4GB es el equivalente a un salario mensual promedio para un trabajador cubano.
El presidente Miguel Díaz-Canel ha sido visible en los desarrollos, abriendo una cuenta de Twitter en agosto del año pasado. Su último tweet se refería a una visita a la provincia de Holguín para un consejo ministerial:
El anuncio realizado a través de los medios de comunicación estatales el miércoles es el último de una serie de medidas tomadas en los últimos dos años. Comenzaron permitiendo el acceso a Internet desde las casas de las personas y 3G para teléfonos móviles. Esto llevó a que las personas trajeran sus propios teléfonos, computadoras portátiles y equipos, a pesar de las regulaciones que los impiden, y que configuren sus propias redes locales. El estado toleró en gran medida las conexiones privadas y no procesó a los usuarios.
Las medidas anunciadas el miércoles efectivamente legalizan las redes. Las personas tendrán dos meses para regularizar sus configuraciones una vez que las nuevas reglas entren en vigor.
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