Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
Los hechos suscitados en el Perú y en el vecino Brasil durante los últimos días exigen más de una reflexión. Sobre todo si se considera el impacto en vidas humanas de las medidas que cada gobierno adopta con miras a hacer frente a las manifestaciones contra quienes detentan el poder y el control del aparato del Estado en sus respectivos países.
El pasado domingo 8 de enero, en Brasilia, más de tres mil iracundos y decididos manifestantes, todos militantes probolsonaristas, no encontraron mejor forma para hacer sentir su profundo desagrado por la presencia de Lula da Silva como jefe del Ejecutivo de la República Federativa de Brasil que la de irrumpir de manera salvaje en la sede de cada uno de los tres poderes del Gobierno Federal.
Consternó ver a miles de brasileños, mujeres, hombres, adultos ellos, e incluso a menores de edad, haciendo su patético ingreso al Palacio de Planalto, al Congreso Federal y al Tribunal Supremo de Justicia. Saqueando, profiriendo gritos contra el Estado de derecho, pidiendo que las fuerzas armadas hagan algo en favor del Brasil que ellos deseaban, mientras causaban destrozos en las instalaciones en medio de una acción sin precedentes en la historia social y política de América Latina.
Para bien del futuro de este país hermano del Perú, la respuesta de las autoridades al ultraje de los pilares del Estado de derecho fue inmediata y efectiva. Pocas horas después, en la noche del mismo domingo, las fuerzas del orden retomaron en forma expeditiva las sedes de los tres poderes del Estado vilipendiados durante varias horas por la turba. Todo, sin que las fuerzas del orden brasileñas dieran cuenta de la vida de ninguno de los miles de airados probolsonaristas. Y, hoy, alrededor de 1500 de los golpistas, en situación de detenidos, esperan el dictamen de la justicia.
Qué contraste con lo sucedido pocas horas después en el Perú. En la Macro Región Sur, en el convulsionado departamento de Puno, en las cercanías del aeropuerto de Juliaca, al día siguiente de la jornada ignominiosa de Brasilia, diecisiete civiles, entre ellos un menor y un joven médico de 31 años que socorría a un manifestante herido, además de un miembro de la policía, un total de dieciocho peruanos, perdieron la vida en medio de cainitas enfrentamientos.
Penoso. En el mes que siguió al defenestramiento de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, con más de cuarenta civiles muertos a cuestas, las fuerzas del orden peruanas, actuando bajo directiva de las autoridades del Gobierno central, han mostrado los límites humanos de una estrategia securitaria orientada a todo, menos a generar, como se puede ver, el diálogo entre iguales. Algo de la mayor importancia y por ende necesario si lo que se quiere es viabilizar la solución a los problemas nacionales cuya solución recae sobre todos y cada uno de los peruanos.
En estas horas críticas para el Perú, deslindando con las acciones de vandalismo contra la propiedad pública y privada, urge hacer un llamado a la reserva de civilidad democrática de nuestra patria a fin de que ponga sus buenos oficios al servicio del establecimiento de un intercambio horizontal de perspectivas entre las partes constitutivas de nuestro golpeado país. Todo en aras de la construcción de una sociedad inclusiva, más justa y libre.
Una sociedad tolerante. Es decir humanista, una que no encuentre en la muerte el recurso por excelencia para encarar la acuciante solución de los problemas de larga data que las manifestaciones del sur del Perú dramática y tristemente nos enrostran. La que nos dice que hacer lo que la otra cara de la moneda nos sugiere no es para nada la mejor opción.
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